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NOVEDADES

DE DOCENTE A VÍCTIMA DEL ESTUDIANTADO
  • Rosalía Rodríguez Vega
La motivación de la autora para realizar la investigación sobre violencia hacia los docentes se inició a partir de la experiencia laboral como investigadora del maltrato y abuso sexual infantil en los planteles escolares, donde hubo entrevistas e investigaciones que incrementaron el interés por revisar documentos nacionales e internacionales sobre este fenómeno social. En el presente texto se realiza una semblanza histórica de la relación estudiante-docente desde su aparición hasta el momento actual, ahí se estudia el fenómeno de la violencia que se da entre la interacción de ambos, tanto de quien produce como quien la recibe, así como el impacto y sus consecuencias. También se identifican los factores endógenos y exógenos por los cuales el docente es proclive a ser víctima, además de las consecuencias físicas, psicológicas, sociales, educativas, económicas y administrativas. Finalmente, se examina la normatividad que regula la convivencia en los planteles escolares y se perciben mayores responsabilidades y obligaciones hacia los docentes. Por ello resulta necesario admitir la elaboración de normas que regulen la violencia que experimentan los docentes por parte de los estudiantes, los familiares y las autoridades escolares, para que se incluya “la mediación educativa” como una herramienta permanente para la resolución de conflictos en la educación para la paz.
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
  • Gerardo Centeno Canto
Cualquier aspiración seria de justicia debe contar con herramientas jurídicas que concreten la esencia de ese cometido. La ausencia de instrumentos legales o su falta de idoneidad impide avanzar más allá del discurso dogmático y mantiene sólo un muy alto nivel de abstracción que no permite descender a una justicia cotidiana, que es la que importa al común de la ciudadanía, tornando ilusoria aquella primera intención. La existencia de estos instrumentos, funcionando a manera de “portales” —según la concepción de Habermas— hace de tamiz para el trasiego jurídico desde estratos jurídicos superiores, hacia otros ámbitos en los que prima la legalidad objetiva y debe concretarse el ideal de justicia. Los procedimientos administrativos son ejemplos de esos portales y constituyen el objeto de estudio que sostiene la presente obra. En ella, se les propone como una parte fundamental del bagaje legal que es necesario para construir, revisar, ejecutar o legitimar decisiones de Administración Pública que afectan esferas de derechos. De tal manera que, si desde el principio de legalidad se propende a la actuación pública administrativa ajustada a la norma y con el debido proceso se tutelan derechos, con las formalidades esenciales del procedimiento se atiende a optimizar la capacidad defensiva y con la motivación se exige dar razón objetiva de las consideraciones que se formuló la autoridad para justificar sus decisiones. De ahí la importancia de lanzar una mirada crítica sobre las estructuras procedimentales con las que se deja noticia del cómo se decide en lo público. Estos valores jurídicos están hoy en desarrollo en el ámbito internacional para fines similares a los que cumplen en los Estados nacionales, por lo que es importante abordar su estudio, verificar su evolución y el impacto que están generando en lo local. Al advertirse efectos de órganos supranacionales y transnacionales que realizan actividades y generan resultados con base en figuras como las que dieron pauta a estas reflexiones, y considerando la existencia de un Derecho Administrativo Global, llama la atención sobre la necesidad del análisis de las repercusiones del fenómeno y se reaviva el interés por el estudio de instrumentos en cuyo ámbito se operan muy diversos aspectos de la delicada relación entre los sujetos de la histórica ecuación autoridad-ciudadanos y nuevos desarrollos que se han trasladado al espacio global.
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DERECHO PENAL ESPECIAL MEXICANO
  • Eduardo Martínez-Bastida
Tácito, emperador romano que sucedió en el trono al emperador Aureliano, señaló desde el año 275 d. C. que: “Pessima República, plurimae leges” (cuando más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes). La máxima anterior viene a colación, ya que, en las últimas décadas, apareció un fenómeno que la doctrina denominó como la descodificación, es decir, que los códigos de la materia están sufriendo desmembramiento. Así, se afirma que la época de los códigos ya pasó y que, en este momento, se vive en la época de las leyes especiales; con ello no se afirma que sean las leyes privativas o especiales que proscribe el dispositivo 13 de la Constitución, ya que éstas tienen los atributos de generalidad, abstracción e impersonalidad, propias de toda ley en sentido material. Para hablar válidamente de la descodificación, es necesario definir el concepto codificación. La codificación es un proceso, un postulado del racionalismo europeo del siglo XVIII, que establece en un ordenamiento único, prescindido por unidad de criterio y tiempo, las normas pertenecientes a una sola rama jurídica, no consiste en agrupar todas las leyes vigentes de una época y un lugar determinado; de ahí, se puede afirmar que la codificación es el puente de lo tópico a lo sistemático, entendiéndose por tópico soluciones concretas a casos concretos, y por sistemático soluciones generales a casos concretos. El producto de la codificación es el código que regula alguna rama del derecho positivo, así, por ejemplo, el Código Penal es el ordenamiento positivo que regula lo relativo a delitos, penas y medidas de seguridad aplicables al infractor de la norma punitiva.
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