A partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, con fundamento en su artículo primero, párrafo primero, el catálogo de Derechos Humanos que sirve como parámetro para realizar el control de la regularidad constitucional, se integra con los reconocidos tanto en la Constitución General de la República como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, y con base en las sentencias de condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, en específico, la del caso Radilla, así como la sentencia de supervisión del cumplimiento de la misma, se determinó el sentido y los alcances del “Expediente Varios 912/2010” resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en él se decidieron aspectos fundamentales para el sistema jurídico mexicano, tal como la determinación de que las y los jueces de todo el país deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, una vez que quedaron sin efecto las tesis de jurisprudencia que impedían que se llevara a cabo. Dichos elementos sientan las bases para la construcción de un nuevo paradigma del constitucionalismo mexicano, en el que el control de la regularidad constitucional juega un papel esencial, pues de poco sirve tener un catálogo de Derechos Humanos de fuente nacional e internacional, si éstos no se garantizan a través de instrumentos de control jurisdiccional. Por tal motivo, vale la pena el estudio de la justicia constitucional en México, cuyo modelo ya comprende el control difuso y una nueva conformación del parámetro para realizarlo, y al que se sumaron los Derechos Humanos de fuente internacional, entre otros aspectos.

En la cruzada del Homo sapiens por el tiempo, éste se ha encargado de crear no sólo objetos materiales —que dicho sea de paso han facilitado su estancia y evolución en el planeta tierra—, sino, también, definir teorías e ideologías en las que se ha basado para guiar su camino, así como para comprender mejor su espacio temporal. En ese sentido, la humanidad, en su esfuerzo por transmitir los diversos valores y conocimientos desarrollados, ha agrupado su saber en disciplinas que han coadyuvado al desarrollo del sistema social. Desde el siglo VII hasta el VI a. C., fueron los griegos y posteriormente los romanos quienes establecieron las bases del derecho y rigieron sus sociedades en torno a sus conceptos de justicia y legalidad. Después, en el medievo, esos preceptos se perdieron y se dio paso a una sociedad que estableció su sistema de justicia con base en el uso de la fuerza, sin embargo, como bien lo señaló en su debido momento, Rousseau, en su obra clásica El contrato social, “el más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber”. En consecuencia, el derecho —en específico el derecho penal—, a partir de la época contemporánea, comenzó una evolución que lo ha llevado a establecerse como una disciplina indispensable para el orden y funcionamiento de cualquier sociedad. En México, a partir de la división de poderes (establecida en la Constitución de 1917), corresponde al Legislativo la creación y/o modificación de las leyes y distintos ordenamientos normativos que rigen la vida de los ciudadanos. Así, pues, en la búsqueda de fortalecer el sistema penal nacional, en 2008 se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue un primer intento por migrar de un sistema mixto inquisitivo a uno acusatorio y oral. Con posterioridad, esta modificación permitió que, en 2016, se estableciera el nuevo sistema penal acusatorio, actualmente vigente. A partir de 2018, con la conformación de la LXIV Legislatura —de la que orgullosamente formo parte—, hemos impulsado diversas iniciativas y reformas con el objetivo de fortalecer nuestro sistema penal, por ejemplo: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, que, a su vez, incluyen la Ley de Registro de Detenciones y la Ley Sobre el Uso de la Fuerza, abordadas en esta publicación con el objetivo de acercar a los lectores al sistema de investigación penal; asimismo, a lo largo de sus capítulos se abordarán conceptos, metodologías y técnicas de investigación, así como aportes científicos que enriquecen el desarrollo del proceso penal mexicano. Finalmente, quiero agradecer a la H. Universidad Analítica Constructivista de México, por su invitación a colaborar en la presente publicación, desde el H. Congreso de la Unión, hago un reconocimiento tanto a su labor como a su compromiso con la sociedad, en específico con el motor de nuestro país: la juventud, actores principales en la construcción de una nación prospera.

El principio de generalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe que el legislador otorgue privilegios o áreas inmunes al pago de tributos. Así, las formas para liberar la obligación de contribuir con el gasto público son totalmente excepcionales y deben evitarse. Al resolver el amparo en revisión 1/2012,1 la Segunda Sala estableció que, en el caso de las exenciones, como forma de liberación a través del cumplimiento de ciertas reglas, requisitos o características previstos en ley, sirven para establecer criterios de justicia social y para satisfacer otras finalidades tuteladas constitucionalmente o derivadas de índole económico, político y social que se consideren de ineludible cumplimiento.