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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO ADMINISTRATIVO
  • Iván Ramírez Chavero
En un Estado de Derecho, la administración pública y los órganos que la integran están subordinados a la ley. El funcionario y empleado público tienen como punto de partida y límite de su actividad, el circunscribirse a la ley que determina su competencia. Todo acto administrativo debe emanar del cumplimiento de una ley. Los particulares tienen derecho a que los órganos administrativos se sujeten a la ley y se cumplan cada uno de los elementos propios del acto administrativo. De lo antes expuesto, encontramos que el Derecho Procesal Administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la Administración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional. En nuestro concepto, el Derecho Procesal Administrativo, es el conjunto de normas e instituciones que tienen como finalidad regular la función jurisdiccional del Estado, tendiente a resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, debido a los actos emitidos por esta última. Entre los medios de defensa legal con que cuenta el particular para impugnar los actos de la administración pública, encontramos en primer termino, el recurso administrativo que implica la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. No obstante, la finalidad establecida para los recursos administrativos previamente señalada, tenemos que en la práctica cotidiana las autoridades administrativas no cuentan con la imparcialidad suficiente para considerar que su acto o el emitido por un inferior jerárquico sean ilegales, por lo que la mayoría de las resoluciones que recaen a los recursos mencionados confirman los actos impugnados, dejando al particular con la misma problemática. Es por ello que el medio de control jurisdiccional idóneo sobre los actos de la administración pública es el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, si la resolución que recae al juicio referido sigue siendo contraria a los intereses del gobernado, se tendrá la posibilidad de acudir al Juicio de Amparo ante el Poder Judicial Federal. Con la intención de que la presente obra sea de utilidad tanto para los estudiantes como para los estudiosos del Derecho, hemos decidido combinar la teoría con la práctica forense, recordando lo mencionado por el Maestro José Ovalle Favela al indicar que “la teoría que no toma en cuenta la práctica del derecho procesal, ni aporta soluciones a los problemas que esta plantea, es solo metafísica y que la práctica que desconoce la teoría es solo rutina”.
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ELEMENTOS DEL DICTAMEN. EL PERITO Y EL INTERROGATORIO EN EL PROCESO ACUSATORIO
  • Esmeralda Martínez Lara
En nuestro sistema jurídico procesal penal se han llevado a cabo varias reformas sustanciales de gran relevancia para la familia jurídica y los ciudadanos mexicanos. En esta obra se brindan los cimientos y recomendaciones específicas a los profesionales del Derecho que deseen intervenir con éxito en cada una de las etapas del proceso acusatorio adversarial. Por ello, la estructura de la presente obra se basa en las tres etapas del proceso acusatorio: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral, se definen cada una de las características de mayor relevancia y se indican cuáles son los puntos finos en cada una de estas etapas. Se hace especial hincapié en la importancia de la prueba a lo largo de esta obra, además de los puntos significativos que el perito debe abordar en general al momento de elaborar un dictamen, ya que sabemos que haciendo alusión a esta parte de la prueba se dan consejos para que al momento de que el profesional del derecho los tome en consideración pueda fortalecer su intervención dentro de las audiencias en el proceso. Si se sabe lo que significa cada una de las partes del dictamen se pueden llevar a cabo interrogatorios y contrainterrogatorios más precisos, además se puede advertir hacia dónde guiar dichas preguntas para obtener el resultado deseado mediante la acreditación o desacreditación de la labor del perito, según el papel que nos toque desempeñar dentro del proceso. Esperamos que el trabajo de investigación y recomendaciones de esta obra sean de gran apoyo en la adquisición del conocimiento del proceso acusatorio adversarial y la intervención exitosa dentro de este.
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LAS UNIONES DE HECHO EN EL NUEVO CONCEPTO DE FAMILIA
  • Etna Arceo Baranda
El libro Las uniones de hecho en el nuevo concepto de familia nos presenta un panorama general de cómo las uniones de hecho, al ser una posibilidad para generar futuras familias o habiéndolas generado ya, de facto, requieren un trato tutelar en el derecho de familia o codificación civil en México. Existen diversos tipos de uniones de hecho reconocidos como tales y con expectativas prometedoras de reconocimiento pleno o mejorado en su esfera jurídica, en lo que atañe a su carácter generador de familia. En el caso de la unión de hecho por antonomasia, el concubinato, se encuentra reconocido en los 31 estados de la república mexicana y en el Distrito Federal —actualmente Ciudad de México—, y de las nuevas formas, como la sociedad de convivencia de dicho estado, la sociedad civil de convivencia en Campeche, la sociedad de convivencia de Coahuila y la libre convivencia de Jalisco. Los derechos que contemplan las nuevas uniones de hecho, reguladas por las leyes, no son equiparables a los del matrimonio, ignoran que la unión de hecho o concubinato, como primera relación humana constitutiva de familia a lo largo de la historia, merece el reconocimiento pleno por parte del Estado y, de no hacerlo, lleva a problemas mayores como la estigmatización, discriminación o exclusión social de las personas, pero sobre todo a la violación de sus derechos humanos, confinándolos en un gueto excluyente que el legislador les ha creado so pretexto de reconocerles personalidad en el ámbito jurídico, es decir, es demagogia o eufemismo que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, la construcción y desenvolvimiento de las familias. Las uniones de hecho deben ser de facto, pero con plenos derechos, no con limitaciones novedosas, como por ejemplo: instituir en algunas leyes registros obligatorios que conllevan efectos constitutivos, que transgreden la libertad de unirse libremente, como se denominara otrora, en “unión libre”, pero salvaguardada por el derecho, sin formulismos, como en el antiguo derecho romano. Así se va descubriendo cuál es el mínimo requerido para la existencia de una justicia social efectiva en las leyes con respecto a la unión de hecho como constitutiva de familia, y no caer en la demagogia o nugatoria previsión genérica del respeto a los derechos humanos del gobernado, sin concreción en la realidad que garantice su correcta intelección y aplicación.
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EL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS UNA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
  • Laura Aida Pastrana Aguirre
El Registro Nacional de Deudores Alimentarios (en adelante Renada) tiene como finalidad ser una vía que facilite la salvaguarda del derecho superior de la infancia a recibir alimentos, así como procurar la equidad entre hombres y mujeres. Si usted está leyendo esta introducción es probable que esté interesado en conocer sobre el Renada, pues bien, lo primero que debo decirle es que se trata de una propuesta; es decir, en este momento no es todavía una realidad. Por ello dejo aquí las razones por las que es urgente dirigir la mirada al escenario de las mujeres que se embarazan a edades muy tempranas y no cuentan con el apoyo económico de los progenitores para brindar a sus hijos los entornos mínimos de subsistencia, mujeres que han tenido que abandonar sus estudios para trabajar en cualquier tipo de condiciones reproduciendo, en la mayoría de los casos, su situación de pobreza y marginación por tener la necesidad de sacar adelante a sus hijos de la manera que les sea posible. Esta realidad no es igual para los hombres que se convierten en padres jóvenes, porque, según porcentajes significativos, nadie los conoce, pues la paternidad temprana es un problema latente e invisibilizado por la sociedad y, en consecuencia, por las políticas públicas en materia de prevención del embarazo y el cuidado y la manutención de los hijos, que durante años han estado dirigidas exclusivamente a mujeres. Tal situación impacta negativamente en millones de niños, niñas y jóvenes que no cuentan con las condiciones mínimas para su adecuado desarrollo personal y profesional, al vulnerar su derecho humano a la alimentación adecuada y equitativa.
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERAMERICANA
  • Manuel Valadez Díaz
  • Guillermo Díaz Hernández
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MANUAL OPERATIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD... 2A. ED.
  • Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
Los temas de transparencia y corrupción sugieren especial atención con respecto a la necesidad social de una buena gobernabilidad; sin embargo, estos conceptos pueden utilizarse como justificadores de una dinámica neoliberal globalizadora que pretende controlar los capitales que se obtienen a causa de las dinámicas económicas alternas, es decir, aquellas que no son fiscalizadas por la legalidad, y que en la mayoría de los casos representan un ejercicio del poder económico por encima de la obtención lícita de recursos. Así, el ingreso ilícito de capital permite la intervención de organizaciones delictivas en las esferas gubernamentales, dirigiendo las políticas públicas a los intereses de unos cuantos para mantener su hegemonía económica. Manuel Castells indica que “la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en nuestros países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.” En ese sentido, también la corrupción se convierte en un constructo ideológico que permite calificar a los países como “democracias” o “dictaduras”, es decir, aquellos que sigan las políticas internacionales anticorrupción y las materialicen en sus legislaciones locales serán dignos del reconocimiento de la comunidad internacional, en cambio, aquellos que se rehúsen a hacerlo serán susceptibles de ser bloqueados política y económicamente.
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MÉXICO EN ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
  • Rafael Chacón Villagrán
  • Mayra Grisel Ángel Sánchez
La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo a nivel mundial, además de ser una violación grave a los derechos humanos “se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un boletín de prensa dirigido a todos los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, en los que está incluido nuestro país. Al respecto, la esencia del documento dice: “existen importantes brechas y deficiencias en la legislación nacional y en los sistemas de prevención, a menudo combinadas con la tolerancia a dicha violencia, exacerbadas por la falta de datos fiables y desagregados, la ausencia de evaluaciones adecuadas de los riesgos”, es decir, la violencia, la falta de confiabilidad en los diagnósticos, así como las correctas evaluaciones, afectan la adecuada construcción de políticas públicas de prevención con perspectiva de género. En la actualidad, cada vez más países utilizan las políticas públicas con perspectiva de género, lo que puede ser causado por la alerta de género que hay en Latinoamérica, “donde el número de feminicidios es alarmante. Tal es el caso de Argentina, donde cada 30 horas asesinan a una mujer por su género, o México, [donde] siete mujeres son asesinadas cada día”,3 razones por las que diferentes organizaciones de la sociedad convocaron a un paro internacional el día 8 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. constitucional, establece un postulado que se refiere a la igualdad del varón y la mujer ante la ley; igualmente, el objetivo 5 de la Agenda 2030 busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; sin embargo, aunque el incorporar términos de esta naturaleza fue un gran avance, es un proceso que no se ha materializado totalmente en todos los ámbitos de la vida, como la equidad, la justicia y la eliminación de la discriminación, elementos necesarios en la construcción del camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
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